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El Consejo Europeo adoptó hace unos días el Reglamento sobre Diseño Ecológico, que establece requisitos para los productos sostenibles. Los criterios, señala, serán aplicables en la contratación pública para incentivar la adquisición pública de productos ecológicos. Y quizá lo más llamativo: “El nuevo reglamento introduce una prohibición directa de la destrucción de productos textiles y calzado no vendidos (se excluirá temporalmente a las pymes) y faculta a la comisión para introducir en el futuro prohibiciones similares relacionadas con otros productos”.
La Comisión, añade, “estará facultada para establecer requisitos de diseño ecológico mediante actos delegados y la industria dispondrá de dieciocho meses para cumplirlos”.
Esta norma sustituye a la actual directiva y amplía su ámbito de aplicación, más allá de los productos energéticos, a todo tipo de bienes comercializados en el mercado de la UE. De hecho, afecta a muchos productos, con pocas excepciones (es decir, automóviles o productos relacionados con la defensa y la seguridad).
También introduce nuevos requisitos, como la durabilidad, la reutilizabilidad, la actualizabilidad y la reparabilidad, y normas sobre la presencia de sustancias que impiden la circularidad; la eficiencia en el uso de la energía y de los recursos, el contenido reciclado, la refabricación y el reciclado; la huella de carbono y la huella ambiental; y requisitos de información, en particular un pasaporte digital del producto.
Próximas etapas
Una vez que los presidentes del Parlamento Europeo y del Consejo hayan firmado el reglamento, este se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor a los veinte días de su publicación. Será aplicable veinticuatro meses después de su entrada en vigor.
Contexto
La Directiva 2009/125/CE sobre diseño ecológico vigente fijó requisitos de eficiencia energética para treinta y un grupos de productos. Según cálculos de la Comisión, esto ha supuesto un ahorro en gasto energético de 120 000 millones de euros y ha propiciado una reducción del 10 % del consumo energético anual de los productos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.